Vapeadores: cuando el Estado confunde salud pública con prohibicionismo

Hoy, después de una controvertida aprobación, entra en vigor la nueva reforma de la ley General de Salud; esta que prohíbe la producción, importación, distribución y comercialización de Vapeadores y, los llamados dispositivos análogos. Con esta, el mensaje que se nos envió fue claro: se busca proteger la salud. Sin embargo, existe un problema constitucional que va más allá. Un estado que prohíbe termina fortaleciendo, mercados ilegales, debilitando controles de regulación, e inevitablemente, trasladando el costo social a la calle.

No podemos negar que la justificación es legítima; sin embargo, la Constitución no busca cumplir intenciones, sino que exige proporcionalidad, racionalidad normativa y capacidad de ejecución. Ahí es donde comienzan las preguntas.

El primer error, y generalmente el más grave, es que este tipo de fenómenos dejen de observarse como masivos y se perciban como excepcionales; porque entonces el dilema deja de ser moral, es decir, si nos gusta o no, y se vuelve institucional, en donde debemos de entender cómo se controla. Hoy el gobierno ha elegido la vía más dura que es la prohibición en toda su amplitud. Desde la teoría en el papel podemos observarla contundente; sin embargo, sabemos que en la realidad esto no será así. Por lo que los resultados tendrán que comprobar tres cosas:

1. La prohibición de reducir más el daño que si se hubiera elegido una regulación estricta;

2. También se debe de demostrar que se tiene la capacidad para hacerla, cumplir, sin caer en temas de corrupción, para grupos selectos;

3. Y por último, los efectos secundarios, como el mercado negro, la criminalización y la discrecionalidad no se convertirá en un problema más grave que el original.

   
   

Si esta Reforma no es capaz de comprobar lo que acabamos de mencionar, entonces le va a suceder lo que a muchas normas en nuestro país: serán simple discurso.

Por otro lado, pero no menos importante, debemos hablar de salud pública, que no se defiende sólo con eslogan, se defiende con política regulatoria eficiente. Esto quiere decir que requiere cumplir diferentes normativas como el etiquetado, el control de sustancias, la trazabilidad, puntos de venta, autorizados, fiscalización, sanciones administrativas y, lo más importante, que la causa penal sea en contra de las redes de Comercio ilegal y no en contra del consumidor.

La Reforma, así como se aprobó, tiene un enfoque totalmente prohibitivo con consecuencias penales. Eso abre el discurso constitucional. En ese sentido debemos preguntarnos si la medida que se tomó es la menos restrictiva, porque, evidentemente, existen diferentes alternativas por la vía de la regulación en vez de la prohibición.

Debemos ser conscientes que nuestro país, en diferentes ocasiones y gobiernos, las prohibiciones han creado una realidad que va en sentido contrario al de la finalidad; es decir, lo que se está prohibiendo, no deja de existir, pero si se deja de comercializar bajo una normativa. El consumidor sigue buscando el producto, y solamente lo haya en lugares establecidos por el crimen organizado.

Éste problema no sólo alude a las autoridades, como ciudadanos también tenemos una obligación, y es la de exigir métricas responsables y reales que nos puedan mostrar un expediente técnico y con datos, que nos muestren si la reducción del consumo bajo esta prohibición es eficiente y cuáles son sus efectos colaterales. Asimismo, que nos indique qué institución será la competente para vigilar el presupuesto y los mecanismos de verificación. Y, aún más importante, debemos tener claro el diseño de la sanciones derivadas de este producto, así como su mitigación en el mercado informal.

¿Es perfectamente posible defender la salud pública y, al mismo tiempo, rechazar el prohibicionismo? Si. El Estado puede indicar si un producto es dañino y regularlo con mecanismos administrativos como permisos, controles, estándares, impuestos sanitarios y sanciones que destruyen el incentivo económico.

La pregunta entonces no es: ¿vapes sí o no?Sino: ¿por qué prohibir en vez de regular? Y si la respuesta real es: porque regular exige capacidad técnica, monitoreo y rendición de cuentas; entonces ya entendimos que el problema no es el vapeador; es el Estado.

Con todo lo anterior, hoy entró en vigor la prohibición. En los próximos meses veremos si reduce daños o se vuelve clandestino, con costos más altos y controles más débiles. La Constitución no está para aplaudir ocurrencias ni para romantizar el mercado, está para exigir que el poder legisle con método. Porque cuando el Estado prohíbe sin capacidad de gobernar las consecuencias, no protege la salud, administra el problema y multiplica el negocio.

EAQG