Territorio: el día después de El Mencho

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, representa uno de los episodios más relevantes en la historia reciente del crimen organizado en México. Durante más de diez años, su nombre fue sinónimo de expansión territorial, poder fáctico, confrontación armada y consolidación de una de las estructuras criminales más complejas del país. Sin embargo, el verdadero fondo de lo ocurrido no termina con el operativo que terminó con su vida.

Jalisco en llamas tras la muerte de El Mencho

A pocas horas de conocer la noticia, comenzó el caos. Diversas zonas de Jalisco registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos, interrupciones en el transporte y suspensión de actividades. Las autoridades dieron la instrucción a la población de resguardarse debido a que el espacio público fue atacado por grupos armados coordinados, con la clara consigna de demostrar su capacidad de daño.

No se trató únicamente de actos delictivos aislados. Fue una respuesta organizada como reclamo del territorio y ese detalle lo cambia todo.

En cualquier Estado constitucional, la eliminación de un líder criminal de ese peso representa un éxito táctico, pero la reacción posterior es la verdadera prueba. La pregunta que debemos hacernos no es si el Estado puede ejecutar un operativo de alto impacto. La pregunta es si ese mismo Estado puede mantener el control territorial cuando la estructura criminal responde de manera coordinada.

La diferencia es sustancial. Mientras que un operativo exitoso demuestra capacidad ofensiva, el control del territorio demuestra autoridad.

En teoría constitucional, el Estado moderno se define por ser quien tiene el monopolio legítimo de la fuerza o de la violencia y este no es un concepto meramente retórico; por el contrario, es la base que distingue al poder público de cualquier otro poder organizado.

El artículo 21 de la Constitución establece que la seguridad pública es función del Estado. Traducido a la realidad, significa que sólo la autoridad puede ejercer la fuerza de manera legítima, permanente y exclusiva y que ningún otro actor privado puede imponer condiciones colectivas mediante violencia organizada. Cuando una organización criminal logra cerrar carreteras, paralizar servicios y alterar la vida cotidiana como reacción inmediata a la muerte de su líder, el problema es constitucional.

El territorio es el espacio donde se materializa la autoridad.

Quien controla el territorio controla la normalidad.

Si el Estado ejecuta un golpe táctico pero no logra impedir que la respuesta criminal imponga miedo colectivo, el monopolio de la fuerza no está cumpliendo con su objetivo. No se pierde formalmente, pero se desafía en la práctica. El constitucionalismo no se prueba en el enfrentamiento armado. Se prueba en la estabilidad posterior.

¿Cómo se acumuló tanto poder?

La pregunta inevitable es cómo una organización criminal pudo acumular durante más de una década la capacidad suficiente para responder de esta manera. El CJNG surgió en un contexto de fragmentación criminal a inicios de la década pasada. A diferencia de otros grupos, combinó tres elementos estratégicos: (1) expansión territorial; (2) disciplina interna; y (3) diversificación económica. No se limitó al tráfico de drogas; se integró en economías locales, formó redes de extorsión y control, y construyó estructuras financieras complejas. Ese crecimiento no ocurrió en la invisibilidad absoluta. Ocurrió en regiones donde el control estatal era intermitente.

La debilidad municipal, la rotación política constante, las condiciones precarias de la policía local y la falta de coordinación entre mandos de gobierno generaron vacíos. En esos vacíos, el poder criminal encontró espacio para consolidarse. No es que el Estado estuviera ausente. Es que su presencia no fue constante ni coordinada y, en muchas ocasiones, fueron compradas por el crimen organizado.

Durante años hubo operativos, enfrentamientos y capturas relevantes. Pero la presión estructural sobre la organización no fue duradera. La inteligencia existía, las órdenes de aprehensión existían, las recompensas existían, sin embargo, lo que no existió fue una desarticulación sostenida y territorialmente consistente. El crimen organizado subsiste cuando no hay continuidad operativa del Estado. Cada operativo fallido, cada intento frustrado de captura, cada episodio en el que la organización logró sobrevivir fortaleció su narrativa. En estructuras criminales de alto impacto, la percepción de poder es un activo estratégico.

La estrategia de seguridad y los incentivos

El fenómeno no puede analizarse sin revisar las decisiones políticas de los últimos tres sexenios.

Desde 2006, México transitó hacia una política de confrontación frontal contra organizaciones criminales. Esa estrategia generó debilitamiento de estructuras, pero también fragmentación y violencia extrema.

Posteriormente, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se adoptó un enfoque distinto. La retórica de abrazos, no balazos sintetizó una política orientada a reducir confrontaciones directas y, aparentemente, priorizar causas sociales.

La intención fue modificar la lógica del enfrentamiento. Sin embargo, en territorios donde el control ya estaba en disputa, la reducción de presión operativa generó incentivos al fortalecimiento de los grupos criminales. Cuando una organización no enfrenta desarticulación constante de su liderazgo, gana tiempo. Y el tiempo es poder.

La presencia militar aumentó en número. La Guardia Nacional se consolidó como institución formal. Una estrategia de contención prolongada en contextos de disputa territorial puede traducirse, en la práctica, en expansión criminal. No se trata de afirmar complicidades.

Se trata de analizar incentivos.

El crecimiento del CJNG no nació en 2018. Pero durante ese periodo encontró condiciones para consolidarse con menor confrontación directa sobre su liderazgo central. Y el resultado es visible, hoy tenemos una organización criminal capaz de reaccionar de forma coordinada, que además actúa inmediatamente ante la caída de su figura principal.

Competencia fáctica por el territorio

México no es un Estado fallido. Tiene instituciones, fuerzas armadas, fiscalías y marco constitucional. Sin embargo, enfrenta algo más complejo que no puede resolver pues se ahora se enfrenta a una competencia fáctica por el control territorial en regiones específicas. Es decir, la autoridad formal existe, pero la autoridad real se demuestra.

Cuando diferentes actores al Estado pueden imponer miedo colectivo durante horas o días, el mensaje es muy claro. El Estado muestra fuerza ofensiva, pero demuestra fragilidad en su reacción. Y en este sentido, el territorio es la unidad básica del poder. No en los comunicados, no en las cifras y no las conferencias -mañaneras o de cualquier tipo-. En carreteras, en municipios, en puertos, en rutas logísticas; ahí se decide quién impone condiciones.

La muerte de El Mencho elimina a un líder, pero no elimina la estructura que lo sostuvo durante tantos años. Si el Estado no logra retomar control, la organización puede reconfigurarse, fragmentarse o incluso radicalizar su violencia para demostrar que la autoridad no es absoluta. Por lo tanto, el desafío no es narrativo; es estructural.

El día después

El constitucionalismo no se mide en la eliminación del adversario. Se mide en la capacidad de garantizar orden después del golpe.

Si en los días posteriores el Estado logra restablecer normalidad plena, impedir reacciones coordinadas y sostener presencia territorial constante, el episodio será recordado como punto de inflexión. Si no, será recordado como un golpe táctico seguido de ineficiencia estructural.

La verdadera prueba comienza cuando baja el ruido mediático, el territorio es la medida final del poder. No el operativo.

El día después de El Mencho no cierra una historia. La redefine.

Al final, la pregunta central no es quién cayó, sino quién controla.

Y eso, en un Estado constitucional, sólo debería tener una respuesta.

EAQG