Tequila no es un municipio más: es una advertencia sobre el poder y el crimen en México

Cuando un alcalde es acusado de utilizar su cargo para presionar empresarios, imponer sanciones ilegales y operar bajo las instrucciones de organizaciones criminales, el problema ya no es solamente del individuo. El problema es el sistema que permitió que eso sucediera.

Tequila, Jalisco. Cuando la autonomía municipal se convierte en escenario de intervención federal.

Lo ocurrido en Tequila, Jalisco, con la detención de su alcalde Diego Rivera Navarro no puede observarse solamente como un escándalo, como una not amarillista o como un caso excepcional. Por el contrario, es una señal clara y desafortunada de hasta dónde puede llegar la captura del poder cuando el Estado baja la guardia. En este sentido, debemos recordar que Tequila no es cualquier municipio. Es un símbolo nacional, economía, identidad y marca de nuestro país. Y si ahí el gobierno local pudo ser utilizado como instrumento de extorsión, entonces el mensaje de fondo es que el crimen no sólo ocupa territorios, controla gobiernos. Y eso cambia todo.

La Constitución mexicana reconoce la autonomía municipal como una garantía democrática. Sin embargo, el artículo 115 de esta no es una formalidad; es la base del federalismo. Los ayuntamientos no dependen del Ejecutivo federal, pues son electos por voto directo, además administran sus ingresos -hacienda- y reglamentan su territorio. Sí. Esa autonomía es correcta y necesaria, pero autonomía no significa impunidad.

Cuando el poder municipal se convierte en instrumento de presión económica o de control criminal, el argumento de la competencia local para arreglarlo ya no es suficiente; el Estado tiene el deber de reaccionar. Y aquí surge la pregunta necesaria: ¿nadie sabía nada?

En México existen sistemas nacionales de seguridad, inteligencia financiera, fiscalización de recursos públicos, coordinación entre fuerzas federales y estatales -al menos en apariencia-. Existen denuncias empresariales y mecanismos de seguimiento. Los Estados no se encuentran realmente aislados del control Federal; lo que trato de señalar es que si las investigaciones confirman que durante meses hubo cobros indebidos, clausuras arbitrarias y presiones en contra grandes compañías, resulta difícil creer que no existieran avisos claros de lo que estaba sucediendo.

No se trata de lanzar acusaciones sin pruebas; se trata de entender cómo funciona el poder en la práctica. En nuestro país, lo que ocurre en un municipio nunca es invisible para todos los demás niveles de gobierno. Por lo tanto, sólo quedan tres posibilidades:

1. Que no hubiera información suficiente;

2. que hubiera indicios, pero no pruebas firmes;

3. que hubiera señales y no se actuó a tiempo.

Cualquiera de los tres escenarios es preocupante. Si no había información, el problema es de capacidad institucional; si había indicios débiles, el problema es de prevención; y si había señales claras y no hubo reacción, el problema es político. En cualquiera de los casos, el resultado es el mismo: el crimen avanzó.

Lo más delicado en estos casos es que no comienzan directo con la violencia, empieza con campañas, con recursos, con apoyos informales y con pactos silenciosos. La captura municipal no es inmediata. Es progresiva.

Primero se financia. Luego se protege. Después se cobra.

Si algún día se pudiera comprobar el financiamiento ilícito en el origen de las campañas, el caso dejaría de ser un problema de corrupción administrativa para convertirse en un problema de legitimidad democrática, derivado de que quien llega al poder con dinero criminal, evidentemente, no gobierna para los ciudadanos, gobierna para quien lo puso ahí. Ese es el verdadero riesgo.

No estamos hablando sólo de extorsiones o multas ilegales; estamos hablando del uso del aparato del Estado como mecanismo de atracción de recursos. Es similar a convertir una presidencia municipal en una oficina de cobro que atienda los asuntos del crimen organizado. Eso destruye la confianza en el Estado y destruye la autoridad legítima. Tequila vive del prestigio, de la marca nacional -y lo que significa pertenecer a una ciudad de tradiciones mexicanas-, de su estabilidad. Cuando empresarios empiezan a denunciar presiones desde el propio gobierno local, el daño no es sólo económico. Es institucional; y el efecto no se queda en Jalisco.

La pregunta sobre la responsabilidad del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum no debe ser sólo confrontación interna del partido, sino desde la lógica del Estado. Un Ejecutivo federal no designa alcaldes, pero tampoco puede desentenderse de lo que ocurre en municipios estratégicos cuando hay indicios de dominio criminal. El federalismo mexicano es cooperativo, desde la teoría debería existir coordinación permanente y tener información compartida. Tenemos sistemas nacionales que existen precisamente para evitar que un territorio quede aislado bajo control ilícito, sin embargo no esta siendo efectivo, ya sea por que su mecanismo no es suficiente o, peor aún, porque quienes lo controlan están siendo omisos.

Por eso el debate no es si la Federación tenía competencia sobre el municipio; por el contrario, el debate es si el Estado mexicano tuvo capacidad de anticipación. No basta con reaccionar cuando el escándalo estalla. El verdadero poder institucional se mide en prevención.

Este caso nos obliga a mirar hacia adentro del sistema municipal, en donde los ayuntamientos operan con estructuras débiles, policías no capacitados, controles internos ineficientes y nula profesionalización. Son el nivel de gobierno más cercano al ciudadano y también el más expuesto a presión criminal. La delincuencia organizada entiende algo que la política a veces olvida, o aparenta olvidar: controlar el municipio es controlar la calle, el comercio, los permisos, la policía local y la economía cotidiana. Controlar el municipio es controlar el territorio real.

En la misma dirección, debemos entender que este caso no puede resolverse únicamente con una detención y un proceso penal. Si se limita a un castigo individual y no se revisan los mecanismos de alerta, fiscalización y protección a denunciantes, el problema reaparecerá en otro municipio. El fracaso del gobierno no es que haya delitos, fracasa cuando no puede detectarlos a tiempo o, peor aún, cuando los detectan y no hacen nada al respecto. Si las acusaciones contra el alcalde se sostienen en tribunales, nos deja ver que el Estado puede intervenir incluso cuando el poder local se desvía. Y aún así, no dejamos de preguntarnos: ¿cuánto tiempo pasó antes de que se actuara?

Tequila nos obliga a pensar en algo más profundo que la coyuntura. Nos obliga a preguntarnos qué tan fuerte se presenta el poder municipal frente al crimen organizado, nos obliga a revisar si los partidos revisan adecuadamente a sus candidatos, nos obliga a discutir si la fiscalización electoral en municipios es suficiente y, sobre todo, nos obliga a recordar que el poder público no es un botín.

El artículo 115 constitucional fue creado para acercar la democracia a la gente. Cuando esa herramienta se usa para intimidar o para recaudar ilegalmente, el daño no es administrativo, es estructural. No podemos normalizar que todo el tiempo aparezcan alcaldes vinculados a estructuras criminales y asumir que es parte implícita del quehacer político. No lo es. Es señal de una debilidad Estatal que todavía no resolvemos. La autonomía municipal es valiosa, pero no puede convertirse en refugio de criminales.

El caso Tequila no es un episodio que deba archivarse cuando se le sentencie a su alcalde, es una advertencia sobre cómo el poder puede desviarse cuando no hay controles eficaces y cuando la política se vuelve vulnerable a intereses personales. La justicia determinará la responsabilidad penal del alcalde. Eso le corresponde a los jueces, pero la responsabilidad institucional es más amplia y es una responsabilidad nacional. Porque cuando el crimen logra pertenecer al poder local, no sólo gana territorio, gana legitimidad -aparentemente-. Y eso es lo más peligroso que podemos vivir en nuestro país.

Tequila hoy no es sólo un municipio en crisis. Es un reflejo del mal entendido federalismo mexicano.

La pregunta que queda en el aire no es si un alcalde puede ser castigado. La pregunta es si el sistema está preparado o con intención para impedir que vuelva a ocurrir. Y esa respuesta todavía no la tenemos.

EAQG