Reforma electoral rumbo al 2027

En los últimos días se ha discutido constantemente los posibles cambios que contendrá la reforma electoral. Comunicados, declaraciones y diferentes posturas se multiplican, y al mismo tiempo, se discute sobre los beneficios o perjuicios que pudieran provocar a algunos actores políticos. Sin embargo, observar la reforma desde esa postura no es suficiente además de ser engañosa. Lo que debemos preguntarnos no es quién gana o pierde con una reforma electoral, sino qué tipo de sistema político se está diseñando para los próximos años.

Reforma electoral rumbo al 2027

Desde el punto de vista jurídico, el sistema electoral no es un sistema diseñado simplemente para contar votos; por el contrario, es una pieza constitutiva del poder político. En otras palabras, a través de sus reglas se definen las formas de competencia, los equilibrios entre mayorías y minorías, la estabilidad institucional y las condiciones de gobernabilidad. Como ciudadanos debemos comprender que cualquier modificación en sus bases tiene efectos trascendentales para la vida política de nuestro país.

En ese sentido, la discusión al respecto no debe centrarse meramente en los resultados a corto plazo, sino que se debería tener una perspectiva de largo plazo. No se trata de hacer una evaluación de la reforma electoral en el presente, sino de comprender qué precedentes se están dejando para 2027, 2030 y más allá.

El Derecho electoral generalmente se observa desde un ámbito técnico, complicado de comprender en su totalidad, pues pareciera reservado para especialistas en la materia, para quienes conocen las fórmulas que aparentemente son objetivas. Sin embargo, detrás de cada norma que contiene nuestra ley electoral, hay una decisión política que se tomó para distribuir el poder y delimitar las condiciones con las que se ejerce. El número de representantes, la forma en que se asignan, el diseño de los órganos electorales y su autonomía, no son sólo detalles administrativos; son decisiones estructurales.

Modificar el sistema electoral tiene como efecto modificar también el modo en que el poder funciona dentro del Estado, como son: cambios en los incentivos de las coaliciones, la metodología para determinar la representación y, más importante, la relación entre la legitimidad democrática y la eficacia gubernamental. Es por eso que las reformas electorales no pueden analizarse como simples ajustes, sino como operaciones de reestructura institucional.

Cuando este tipo de reformas se impulsan desde una mayoría sólida, el riesgo no radica necesariamente en la legalidad formal del procedimiento, sino en el mensaje que se transmite, pues indica claramente que las reglas del juego pueden adaptarse con facilidad a las necesidades del grupo de poder en turno.

La discusión actual plantea al menos tres riesgos institucionales que conviene observar con cuidado:

Primer riesgo: sobrerrepresentación.

Toda reforma electoral altera, la relación entre los votos y la representación, por lo tanto, si el nuevo diseño tiende a sobrerrepresentar a las mayorías perjudicando a las minorías, el sistema hace a un lado su función integradora. La pluralidad no desaparece, pero queda limitada, lo que empobrece el debate democrático e incrementa el conflicto político y jurídico.

Segundo riesgo: confianza en el proceso electoral.

La confianza en los procesos y los mecanismos electorales depende principalmente de la percepción de autonomía de las autoridades encargadas de organizarlos y calificarlos. Aun cuando los cambios en las normas, aparentemente, respetan la autonomía, cualquier señal de subordinación hacia algún partido político daña la legitimidad del sistema, provocando una alta controversia y menor aceptación de los resultados.

Tercer riesgo: la normalización sistema.

Quizá el riesgo más importante que debemos tomar en cuenta sea el precedente que se establece. Cuando una mayoría significativa tiene la capacidad para rediseñar el sistema electoral, las reglas dejan de ser un punto de estabilidad y se convierten en un mecanismo de coyuntura, y así el sistema pierde previsibilidad. En lugar de volverse más robusto, se vuelve frágil, y queda expuesto a constantes ajustes que se alinean de acuerdo con el momento político, dejando atrás la visión institucional de largo plazo que debería tener.

En esta parte tengo que ser muy claro, estos riesgos no implican, una crítica anticipada a cualquier reforma electoral; lo que sí implica es una intensa necesidad de elevar el nivel de la discusión. El problema no es reformar, sino reformar sin conocimiento, sin técnica y sin una reflexión clara sobre las consecuencias estructurales.

Un sistema electoral sólido no tendría por qué maximizar la ventaja de quien gobierna; por el contrario, es aquel que logra equilibrar representación, gobernabilidad y confianza institucional. Ese equilibrio no es sencillo de conseguir, pues es una línea muy delgada, que si se rompe, se vuelve muy difícil de recomponer. Es por eso que constantemente se repite en el discurso que las reformas electorales deberían pensarse como decisiones excepcionales, justificadas y orientadas a fortalecer el mecanismo institucional, no a debilitarlo. En este sentido, es muy preocupante que el debate público se concentre en los beneficios políticos inmediatos y dejemos de preguntarnos: ¿qué tipo de sistema político estamos dispuestos a normalizar?

Una mirada hacia 2027 y más

Las reformas electorales no sólo se deben medir por su impacto en la siguiente elección, sino por la forma en que se modifica el ejercicio del poder en la década siguiente, porque las reglas que hoy se discuten serán las que definan la política, la representación y la legitimidad institucional en los próximos años. Por ello, el análisis jurídico debe recuperar su función y advertir riesgos, señalar consecuencias y recordarnos que el Derecho no sólo regula lo que sucede en el presente, sino que diseña el futuro. En materia electoral, ese diseño es demasiado sensible y hasta podría decir que es peligroso.

La pregunta que debería guiar la discusión no es si una reforma electoral favorece a unos u otros, sino: ¿qué tipo de sistema político estamos construyendo y qué costo estamos dispuestos a asumir? La respuesta a esa pregunta será decisiva no solo para 2027, sino para la estabilidad democrática de los años posteriores.

EAQG