El IEPS y sus justificaciones populistas

La recaudación tributaria ha sido, desde la antigüedad, un componente esencial para el sostenimiento de las estructuras de poder y administración pública. Con distintos nombres y formas, el afán recaudatorio de los gobernantes siempre ha encontrado la manera de instalar tributos que, en teoría, se justifican bajo los principios de justicia distributiva y la prestación de servicios básicos; en la práctica, dichos principios suelen ser meramente retóricos y rara vez se cumplen.

México no es la excepción. La arquitectura fiscal que soporta al Estado está compuesta por una amplia gama de contribuciones que, a simple vista, se presentan como razonables —como el impuesto predial o el impuesto sobre la renta—, mientras que otros parecen responder más a necesidades momentáneas de liquidez que a una lógica de justicia social, cómo es el caso de la tenencia. Entre estos, destaca un tributo que se ha convertido en un auténtico manjar para las finanzas públicas: el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Cada año, como parte de la miscelánea fiscal, el IEPS reaparece en la agenda nacional. Su origen responde a un diseño que busca dos objetivos: incrementar la recaudación y, al mismo tiempo, desincentivar el consumo de bienes considerados nocivos o suntuarios –o al menos así se justifica–. Sin embargo, en la práctica, este impuesto exhibe un carácter muy ambiguo. Desde la perspectiva ciudadana resulta abusivo; desde la lógica hacendaria, en cambio, es un instrumento indispensable y sumamente redituable. Los recientes cambios propuestos para el ejercicio fiscal 2026 trajeron nuevamente el debate a la mesa: ¿es el IEPS realmente una herramienta de salud pública y equidad social, o un simple mecanismo para exprimir a los contribuyentes bajo un discurso moralista?

La justificación oficial

Cada año, cuando llega el famoso Paquete Económico, los discursos desde Hacienda parecen repetirse con la misma fórmula de siempre: “los ajustes al IEPS tienen un carácter humanista, buscan proteger la salud de los mexicanos y desincentivar el consumo de productos nocivos”. Refrescos, cigarros, bebidas alcohólicas, apuestas y, en la más reciente ocurrencia, hasta los videojuegos violentos. Todo bajo el argumento de que el Estado está cuidando a sus ciudadanos de sí mismos, ¿quién podría oponerse a un gobierno que pretende salvarnos de los males del azúcar o la nicotina? Sin embargo, detrás de esa imagen de política pública lo que realmente se esconde es la urgencia de mantener ingresos fiscales a cualquier costo.

El IEPS, más que un instrumento de salud, es un seguro de vida para la Secretaría de Hacienda. Cada punto porcentual que se incrementa significa miles de millones adicionales que terminan en las arcas federales, aunque rara vez se ve un destino claro en hospitales, programas de prevención o campañas educativas.

Y es que el IEPS, con toda su justificación moralista, cumple con una función muy conveniente para el poder: recauda de manera inmediata y con bajo costo administrativo, pero además se vende fácilmente en la arena política. Nadie protesta demasiado si le dicen que el impuesto al cigarro es para cuidar a los jóvenes, o que el aumento al refresco ayudará a reducir la obesidad. El discurso encaja y la caja se llena. El problema es que lo primero nunca sucede y lo segundo nunca se reconoce abiertamente.

En resumen: el IEPS no es, como pretende Hacienda, un mecanismo de protección social. Es una política de conveniencia: rentable en términos de recaudación y fácilmente justificable ante la opinión pública, aunque en los hechos no corrige desigualdades ni cumple con los supuestos fines de salud que se le atribuyen.

Análisis técnico

En los papeles, el IEPS aparece como un impuesto diseñado con mucha precisión: con cuotas fijas, actualizaciones anuales conforme a la inflación, proyecciones claras de recaudación. Desde la óptica de Hacienda, es un modelo eficiente porque permite calcular de manera casi inmediata cuánto se va a recaudar cada ejercicio fiscal. El problema es que la teoría fiscal nunca coincide con la realidad del bolsillo ciudadano.

Tomemos el caso de las bebidas azucaradas: cada litro de refresco pasó de una cuota de $1.64 a $3.08. Esa diferencia que en las tablas se ve como una simple cifra, en la práctica significa que millones de familias mexicanas pagarán más por un producto que forma parte de su consumo cotidiano. Y aquí está la primera gran contradicción: se castiga al consumidor final bajo el argumento de cuidar su salud, pero en realidad se está golpeando a los sectores de menor ingreso, porque son precisamente ellos quienes destinan mayor proporción de su gasto a estos productos.

Lo mismo sucede con los cigarros y el alcohol. Se dice que el aumento desincentiva el consumo, pero cualquiera que haya observado cuidadosamente el efecto en el mercado sabe que lo único que sucede es que el comprador busca marcas más baratas –en el mejor de los casos– o, peor aún, hacia productos de contrabando. Teniendo como resultado que Hacienda recaude menos de lo esperado, los consumidores se exponen a productos de peor calidad y el mercado informal se fortalece. Es decir, el impuesto que supuestamente debía corregir un problema de salud termina generando otro, esta vez en la economía subterránea.

Pero el golpe más fuerte no es técnico, sino ético: el IEPS nunca garantiza que lo recaudado se destine a programas de prevención o a fortalecer el sistema de salud. La caja única de la Federación absorbe todo y lo redistribuye según las prioridades políticas del momento. El ciudadano escucha el discurso de que paga más por un refresco para que haya hospitales mejor equipados, pero cuando llega al hospital se encuentra con la misma carencia de medicinas y la misma saturación de siempre.

El IEPS termina siendo un impuesto regresivo disfrazado de progresista, porque su impacto se concentra en los que menos tienen mientras que su beneficio real nunca llega a donde se promete. Técnicamente, es impecable como mecanismo recaudatorio; socialmente, es profundamente injusto.

La dimensión política

En la arena política, el IEPS es mucho más que un simple impuesto. Bajo la bandera de la salud pública y la protección a la niñez, los gobiernos han encontrado un terreno ideal para justificar incrementos que, en cualquier otro contexto, serían vistos como una carga excesiva. Es mucho más sencillo vender a la ciudadanía la idea de que se sube el impuesto al refresco para “combatir la obesidad infantil” que reconocer abiertamente que lo que se busca es tapar huecos en las finanzas públicas y en las faltas al presupuesto.

El problema de fondo es que este impuesto no se distribuye de manera equitativa ni mucho menos progresiva. Los aumentos afectan en su mayoría a quienes menos tienen, pues son los consumidores de bajos ingresos quienes destinan una mayor parte de su presupuesto a productos gravados. En cambio, los sectores de mayor poder adquisitivo apenas sienten el impacto y, si lo hacen, siempre encuentran sustitutos o alternativas más costosas que escapan al radar fiscal. Así, el IEPS se convierte en un impuesto cómodo para el Estado: recauda mucho, genera poca resistencia política y, de paso, se adorna con un discurso moral que lo hace aceptable socialmente.

Pero detrás de todo esto se esconde un efecto perverso: el fortalecimiento del mercado informal. Mientras más se incrementan las cuotas, más atractivo se vuelve para grupos del crimen organizado la producción y distribución clandestina de tabaco, alcohol o combustibles. Se genera, entonces, un doble juego: por un lado, el Estado presume ingresos adicionales por el IEPS; por el otro, pierde miles de millones de pesos por contrabando y evasión. El ciudadano, al final, queda atrapado entre precios más altos y productos de dudosa calidad, mientras los verdaderos beneficiados son los intermediarios ilegales que explotan la rigidez del sistema.

La política del IEPS revela, en suma, la paradoja de la fiscalidad mexicana: un Estado que busca sostenerse a través de impuestos fáciles de justificar, pero que no enfrenta francamente a una reforma integral que grave a quienes realmente deberían aportar más. Es un juego de poder donde lo que importa no es la equidad ni la eficiencia, sino la rentabilidad política del discurso.

Por todo ello, es necesario replantear el rumbo. No se trata de eliminar el IEPS, sino de coherencia: que sus ingresos estén vinculados directamente y de forma verificable a programas de salud y prevención, que se diseñe con criterios de progresividad para no seguir cargando el peso sobre quienes menos tienen, y que se acompañe de medidas reales contra el contrabando y la evasión. Sólo así este impuesto dejará de ser un pretexto disfrazado de virtud y podrá convertirse en una herramienta legítima de justicia fiscal.

En conclusión, el IEPS, tal como hoy funciona, proyecta un ideal de salud y equidad que nunca alcanza. La verdadera reforma no pasa por seguir subiendo cuotas año tras año, sino por atreverse a construir un sistema tributario transparente, progresivo y justo. Mientras eso no suceda, el IEPS seguirá siendo lo que siempre ha sido: un impuesto fácil de vender, pero difícil de justificar.

EAQG